La Organización Ambientalistas Autoconvocados presentó hace más de dos meses una cautelar en la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de suspender las obras que se están llevando adelante en la Cuenca del Río Luján. Estas obras buscan modificar el cauce natural del Río, enderezándolo y ensanchándolo.

Sí bien, las y los ambientalista sostienen que esta obra tiene un fin noble, sostienen que no se han realizado las audiencias públicas necesarias, ni se han analizado los impactos de estas obras de manera conjunta.

En diálogo con el programa radial “Encuentro con las Noticias”, Cristian Fernández, Abogado que lleva adelante la causa por Ambientalistas Autoconvocados, se refirió a las principales exigencias que realiza el espacio, “En esta causa lo que se plantea es que no hubo una audiencia pública en la que se permita debatir, justamente, los impactos de la obra y así mismo lo que se está planteando es que en realidad se presentaran distintos estudios de impacto ambiental por cada tramo de la obra en lugar de hacer un impacto acumulativo de lo que va a ser toda la obra. (…) Un estudio de impacto ambiental es un análisis de riesgos con un costado científico y con un costado político pero ese análisis de riesgo lo que es busca es dar la mayor información posible para tomar una decisión que sea lo menos lesiva para el ambiente, para el entorno, para el paisaje, para las aves, para los humedales que es lo que está aquí en juego”.

Fernández, explico y describió el estado actual de la causa y en qué etapa se encuentra, “La causa tiene un dictamen de la Procuración General de la Procuradora Fiscal Laura Monti que desaconseja que la Corte tome esta causa, dice esto no es competencia originaria de la Corte; nosotros hicimos un planteo que entendemos que hay un bien ambiental jurisdiccional en juego, ella dice que esto no es competencia originaria de la Corte, le recomienda a la Corte no tomar el caso con argumentos sumamente formales que no hacen a la sustancia y al debate de fondo que es el daño irreversible al ambiente, en este caso al Río, que se puede provocar. Frente a eso, el expediente estaba en la Secretaria de Juicios Originarios de la Corte y la Secretaría lo pasó a la Secretaría de Juicios Ambientales; es decir, hoy por hoy está el expediente siendo examinado por Juicios Ambientales que es la que nosotros entendemos que debe intervenir”.

Mientras se esperan respuestas competentes,  las obras de la Cuenca que atraviesa cerca de 15 municipios avanzan sin saber cuáles serán las consecuencias.

Finalmente, Cristian Fernández, remarcó que tienen esperanzas que las respuestas sean positivas y respalden su lucha, “Lo cierto es que la Corte tiene toda una historia jurisprudencial de que a pesar de que, supongamos, que le den la razón a la Procuradora Fiscal de que no haya competencia de la Corte, de todas maneras todas las veces que la Corte se ha declarado incompetente ha dictado una medida cautelar para proteger el bien ambiental en juego, en este caso el Río, con lo cual tenemos esperanzas de que en este caso suceda exactamente lo mismo”.

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