En el marco de la última concentración y movilización en contra de la Ley Bases, en Congreso, fueron 33 los detenidos y detenidas luego de una violenta represión policial.

Actualmente, y luego de casi 15 días, son 5 las personas que continúan detenidas.

Sasha Lyardet, es estudiante de la UNSAM, integra la asamblea vecinal de San Martín, es militante del MST en el FIT Unidad y es una de las jóvenes detenidas arbitrariamente luego de la represión policial y en diálogo con la FM Tinkunaco, describió la movilización de ese día “Yo ese día fui con mi asamblea vecinal en donde había docentes, estudiantes, jubilados, comerciantes, vecinos y vecinas de la zona que nos habíamos movilizado porque creíamos que la Ley de Bases era un atropello a los derechos democráticos muy muy grande entonces en ese sentido nos parecía muy importante poder movilizarnos”.

Lyardet, además, describió el modo en que la represión desencadenó en las detenciones “Con la asamblea cuando el clima se empezó a poner raro, ya habían empezado la represión, empezamos a caminar por Avenida de Mayo para el lado de 9 de julio junto a las otras asambleas de la Capital, del Conurbano, de la Zona Sur, de la Zona Oeste y cuando llegamos a Avenida de Mayo y 9 de julio, que ahí las asambleas de la zona norte nos íbamos a ir para el lado del Obelisco o esa era la idea para poder tomar el subte nos encontramos con unos 50, 60 motos de la policía de la Ciudad que nos estaban esperando para salir a cazarnos, así que en ese momento tuvimos  que empezar a correr, corrimos como para el lado de Constitución y ahí me detienen en México y Lima”.

Sasha permaneció detenida desde el miércoles 13 de junio hasta el martes 18 de junio por la noche, luego del incansable pedido de libertas para todas las detenidas y los detenidos por parte de Organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, movimientos sociales y la comunidad.

Lyardet, detalló el maltrato sufrido durante su detención “A nosotras nos tuvieron 36 hs esposadas, nos pasearon por toda la Capital Federal, nos tuvieron toda una noche arriba de un móvil policial, en un momento el móvil policial se rompió y el móvil largaba agua, largaba humo y con la posibilidad que eso estalle porque nadie sabía lo que estaba pasando y no nos dejaban bajarnos y nos tenían esposadas en los asientos. La diferencia que tuvimos con los compañeros es que la tortura que hicieron sobre nosotros fue una tortura psíquica, intentar quebrarte, poner en duda tu inocencia, poner en duda que estés diciendo la verdad, de amenazarte con pasarte con presos comunes, de hacer que te la piqueteen las presas comunes. (…) Lo que si puede ser maltrato físico es que por estar 36 horas esposada yo tengo una quebradura del segundo y tercer metatarso del pie derecho y que nuestra comida llegaba, constantemente, llena de cucarachas”.    

Sasha se encuentra entre los últimos 11 liberados, de la prisión de máxima seguridad, por falta de mérito pero la causa en la que se la adjudican delitos como, supuestamente, “alterar el orden público, daños y disturbios, incendios, intentar para el funcionamiento legislativo de la Cámara Alta del Congreso de la Nación” continua abierta pero la joven va por su sobreseimiento.

Son 5 las personas que aún se encuentran detenidas: David Sica, Facundo Gómez, María Roberto de la Cruz Gómez, Cristian Fernando Valiente y Patricia Daniela Calarco Arredondo y Organismos de Derechos Humanos continúan exigiendo su libertad.

Compartimos la entrevista completa

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Los familiares de los presos y detenidos durante las protestas en la votación de la Ley Bases en el Senado buscan su inmediata liberación por irregularidades en las causas. Es por esto que, junto a organismos de DDHH, convocan a una concentración el día de hoy a las 16:30hs en plaza de mayo.

Lo que se destaca de las imputaciones son las carencias de ‘pruebas’ y junto a esto, las imágenes registradas muestran como estas detenciones represivas fueron hechas arbitrariamente.

En respuesta a esto, el día de la Movilización de la semana pasada la Oficina del gobierno saco un comunicado donde habla de los detenidos como ‘terroristas’ y califica a la marcha en rechazo de la Ley como ‘un golpe de estado’.

En comunicación con el Noticiero, Joaquín Bel, referente de CORREPI, mencionaba que “No son detenidos y detenidas comunes, sino que son presas y presos políticos, hay que llamarlos por su nombre (…) Esos compañeros están detenidos por su libre ejercicio del derecho de manifestarse y como un ejercicio disciplinador para los que vamos a manifestarnos después”.

Bel también denuncio la acusación de ‘actos terroristas’ y cuestionaba el enfoque entre los detenidos políticos y los actos violentos que se cometieron, “cuando leían las causas, estaban copiadas de una a otra. Estaban imputados por delitos al orden publico pero decían muchas generalidades (…) se maximiza lo que paso con el auto de Cadena 3 y con otro auto que dieron vuelta para que se enfoquen en eso. En el conflicto social ya veíamos un salto de calidad, en términos represivos y bien caracterizábamos que nos encontrábamos en un estado de excepción. Con esto nos referimos a que el Estado de Derecho no se interrumpe porque estamos en una democracia con todos sus límites, pero que la legalidad se lleva a los límites, rozando cuestiones ilegales.”

En marco de esto, resulta relevante volver a destacar y visibilizar el carácter de estas detenciones y lo gravísimo de la situación, en palabras de Joaquín Bel “Empezamos a identificar nombres de esas compañeras y compañeros detenidos porque justamente son vecinos del territorio, son militantes populares, o son estudiantes de universidades nacionales”.

Entrevista completa

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Existen en todo el país 110 Centros de Acceso a la Justicia que brindan atención y asesoramiento en diferentes temas como seguridad social, trabajo, salud, familia y documentación. Estos mismos desde Diciembre del año pasado vienen siendo afectados por una ola de despidos y están siendo contemplados para un plan de cierre.

Para hablar de estos espacios, Jimena De Lara, Coordinadora Regional de Zona Norte explicaba “los centros de acceso son centros de atención y asesoramiento jurídico integral que básicamente están conformados por diferentes profesionales, un equipo interdisciplinario que permite abordar diferentes problemáticas desde una mirada integral compuesto por trabajadores sociales, sociólogos, abogados, psicólogos, personal administrativo”.

Estos espacios resultan fundamentales para zonas precarias y con dificultad para el asesoramiento y el acceso a los Derechos. Con respecto a esto, De Lara mencionaba “cuando hablamos de acceso a la justicia no hablamos necesariamente de acceso a como la conocemos comúnmente como un  proceso judicial, sino a un acceso a la Justicia Social la cual sería poder acceder a los Derechos”.

En cuanto a su situación actual, De Lara contaba que la desprolijidad de los despidos y la manera en la que no se comunican oficialmente “semanalmente se están dando de baja (…) laburamos atendiendo casos sumamente complejos y no podemos asegurar que mañana seguimos estando”. En esa línea, Jimena De Lara también añadía que estos recortes tienen un trasfondo político individualista “muchos de los problemas que trabajamos para la mirada del Gobierno Nacional son problemas que cada uno tiene que resolver como puedan. Desde esa óptica estos centros no tendrían razón de ser, por más que sean una herramienta fundamental”.

Estos trabajadores no cuentan con una figura o autoridad designada que pueda reconocer los despidos, las fallas del sistema o siquiera los medios de comunicar a los empleados que son dados de baja.

Resulta, por lo tanto, fundamental poder visibilizar la situación tanto de los Centros como las consecuencias sociales que traería si  estos se cierran.

Entrevista Completa en el Noticiero Encuentro con las Noticias

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