Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita y que han sido dadas de baja a través de un Comunicado Oficial del Gobierno por supuesto exceso de empleados, falta de resultados, servicios ineficientes y, por lo tanto, un financiamiento innecesario.
Frente a esto, Jimena De Lara, Coordinadora Regional de Zona Norte, contaba cómo comunicaron esta medida “nos enteramos como se enteró la comunidad en su conjunto, y como nos tiene el Gobierno acostumbradas, a través de una publicación de Instagram de la página oficial del ministerio donde básicamente informan que van a ser cerrados 81 centros de 105. Es prácticamente la totalidad de los centros (…) es algo que las trabajadoras y los trabajadores lo veíamos venir, la persecución, los despidos, el vaciamiento de la política pública”.
De Lara, además puntualizo en el Comunicado acerca del trabajo de los Centros “en el comunicado hablan de sobrepoblación y de exceso de trabajadores, de auditorías que no se han hecho. Coordino 9 centros de Zona Norte y en ninguno ha venido nadie a ver cuál era el trabajo que hacíamos. Lo que si hay, hay sobretareas”.
Sobre la situación de los trabajadores De Lara mencionaba “Los trabajadores y las trabajadoras seguiremos luchando no solo por nuestra fuerza de trabajo, sino básicamente por el servicio que presta esta política pública que sabemos perfectamente que no puede ser reemplazada, por que la especificad de los centros que se construyó en estos 15 años de laburo es muy particular (…) lo que más nos preocupa es quien va a absorber esa demanda”.
Jimena De Lara, por último, no solo rechaza la desacreditación de la capacidad y eficiencia de los Centros por parte del Ministerio, sino que también explica que los sindicatos y gremios están intentando comunicarse con autoridades sin mucho éxito.
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