El jueves 22 de Agosto, Policía Federal junto con personal de seguridad del Municipio de Tres de Febrero, entraron sin orden judicial y con intenciones de usurpar el Centro Comunitarios La Esperanza.
Referentes del espacio denuncian el acto como persecución política de parte del Intendente Diego Valenzuela
El Centro Comunitario desde pandemia brinda apoyo escolar, talleres de inclusión laboral y cuenta con un comedor que atiende a más de 300 niños y niñas.
Lis Díaz, referente del Movimiento Evita, contaba al aire “Cuando llegaron vieron que estaba el candado roto y las puertas abiertas, y cuatro personas adentro vestidas de azul que nunca se identificaron ni mostraron ningún tipo de allanamiento u orden judicial para ingresar (…) Ellos no dieron explicaciones, sí tuvieron algunas expresiones discriminatorias y violentas con mis compañeras”.
En esa línea, Díaz también mencionaba el marco donde sucede este hecho “Ese día en el barrio hubo un mega operativo de seguridad desde las 5 de la mañana de la policía federal y efectivos de las fuerzas municipales y una recorrida de Patricia Bulrrich y Diego Valenzuela por otro sector del barrio. Entonces esta situación se da en el marco de eso. De repente aprovechan un operativo que es legítimo y se en el marco de una causa judicial para entrometerse ilegalmente en un espacio comunitario que de casualidad no tenía chicos adentro”.
El intendente de 3 De Febrero, luego de lo ocurrido, comunicó en sus redes una acusación del funcionamiento de una organización criminal “hay integrantes de la organización criminal que a su vez eran militantes y punteros del Movimiento Evita”. Frente a esto, Díaz responde “Queremos aclarar una vez más que no hay ningún detenido que forme parte de nuestra organización ni del espacio comunitario. Vamos a ir a la justicia para que esto se pueda resolver y nos den las explicaciones que correspondan porque es un hecho muy grave que violenten un espacio comunitario sin orden ni justificaciones”.
Por último, referentes del movimiento realizaron una denuncia penal en el Tribunal de San Martin en la cual recalcan violencia institucional, tentativa de usurpación y persecución política.
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