En el día de ayer, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, personal policial irrumpió en el barrio de Las Casitas, en un intento de identificar a los adultos que habitan en la toma que posteriormente quedarían dentro del artículo 60 del Código Penal bajo la causa de usurpación y ocupación.
Ante esta situación, los vecinos y vecinas se comunicaron con referentes del territorio.
En diálogo con el programa radial “Encuentro con las Noticias”, Rodrigo Barrios, integrante de la CTEP y de Encuentro Peronista, se refirió a la situación vivida en el día de ayer en el barrio de Las Casitas de José. C. Paz, “Nos presentaron el papel del Fiscal Daniel Alejandro Mocia, que es Fiscal de la UFI 23 donde con una fecha bastante extraña porque estaba pedido para el 7 de mayo, pide la identificación de las personas de las personas del barrio llamado Gendarmería o las 300 casitas de 27 hectáreas. Y después dice, en la parte dos, que cada persona adulta que resida de deberá notificar personalmente y de esa forma, quedando dentro del artículo 60 del Código Procesal; que el artículo 60 es que quedan procesados en la causa de usurpación y ocupación”.
Barrios, explico la situación con la que se encontraron al llegar al barrio, “Cuando nosotros llegamos, le estaban diciendo medias verdades de eso, les decían que tenían que notificarse para poder decir que ellos están ahí para después reclamar las casitas pero nunca les decían que quedaban imputados en un delito. Cuando nosotros le empezamos a pedir al comisario que sea explicito con lo que estaba pidiendo, le pedí a la gente que googlee el articulo 60 y ahí rápidamente los vecinos se dieron cuenta y el Comisario lo tuvo que aceptar”.
Barrios, se refirió a la peligrosidad de romper el aislamiento obligatorio, “son operadores de la justicia que están haciendo estas tareas que no entran a razón de nadie, rompiendo el aislamiento, exponiendo a los policías y a los vecinos sobretodo; policías que están en servicio y que deben haber estado en miles de lugares y que no tienen mejor idea que llevarlos a un barrio para que vaya casa por casa; sí alguno de los policías está infectado pudo haber contagiado a todo el barrio”.
Finalmente, Rodrigo Barrios, explicó que se comunicaron con diferentes organizaciones a nivel regional y provincial, “Nosotros hablamos con Alejandro Rusconi de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, con la gente de la Universidad de General Sarmiento, con Eduardo Reyes que nos ayudó también y empezamos a activar las alarmas que tenemos las organizaciones sociales para que se haga público y para llegar a las autoridades. Tenemos entendido que notificaron al Ministerio de Seguridad de la provincia y que se le pidió a las autoridades locales que levanten el procedimiento”.
A pesar del posible levantamiento del procedimiento, las organizaciones se encuentran en estado de alarma.
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